BCN SCIENCE CORNER

Son dos mundos que apenas parecen tocarse: la ciencia y la política. No mucho más allá, al menos, de las constantes reivindicaciones de la primera tratando de conseguir una mejor financiación por parte de la segunda. Sin embargo, hay una multitud de puentes potenciales entre una y otra, puentes aún por construir y que no tienen tanto que ver con políticas científicas como con el camino inverso, con la ciencia ayudando a hacer mejores políticas y en multitud de ámbitos. Una política que, sin negar las ideologías, trabaje más cercana a la evidencia. Una ciencia que, sin negar su propio funcionamiento, se mezcle con las decisiones en sociedad.
 

Ese es el propósito último de Ciencia en el Parlamento, una iniciativa surgida de un grupo de científicos que pretende mejorar ese diálogo a nivel del Estado español. “Muchos de nosotros hemos estado en el extranjero y veíamos cómo funcionaba en otros países”, comenta Andreu Climent, investigador postdoctoral en el Hospital Gregorio Marañón y uno de los principales impulsores del proyecto. “Es obvio que tenemos un problema de política científica, pero también en el modo en que empleamos la ciencia en la sociedad. Y ese problema muchas veces está en los propios científicos, porque nos cuesta salir de nuestra zona de confort, de nuestros propios laboratorios”.

En Australia existe desde hace veinte años el programa Science Meets Parlament, por el que se establecen reuniones periódicas que culminan en dos días al año dedicados a encuentros entre más de doscientos científicos con los diputados del Parlamento. En el propio Parlamento Europeo existe una reunión anual de este tipo. Y en el Reino Unido disponen de la Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología  (POST), un organismo independiente que sirve de asesoría científica continuada a los diputados. Este servicio ha publicado ya cerca de 600 informes relacionados con las más diversos ámbitos, desde cómo abordar el fenómeno del envejecimiento de la población a los problemas de la red eléctrica, pasando por otros como la edición genética o la seguridad nuclear. E incluyendo muchos que, en un principio, parecerían alejados de la noción instintiva de lo que entendemos al oír la palabra ciencia, pero sobre los cuales esta puede tener mucho que aportar. Por ejemplo: sobre el alojamiento de inmigrantes o el extremismo islámico, sobre la educación obligatoria o sobre posibles sesgos en los procesos judiciales, entre muchos otros.

Con estos modelos en mente, la iniciativa Ciencia en el Parlamento lanzó su propuesta. En enero se reunieron con la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y ya está convocada una jornada de encuentros para los días 6 y 7 de noviembre, con motivo del 40 aniversario de la Constitución. En apenas unos meses han conseguido el apoyo explícito de más de dos mil personas y 150 instituciones, y han recibido unas cien propuestas para ser debatidas en las jornadas de noviembre. De ellas se han seleccionado doce, enmarcadas en áreas como la salud (envejecimiento, prevención del suicidio y retos ante las enfermedades infecciosas), las matemáticas y la ingeniería (inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnologías de transporte y comunicaciones), el medio ambiente (cambio climático, contaminación por plásticos y gestión del agua) y las ciencias sociales (conciliación familiar, educación basada en la evidencia e inclusión social, migraciones y refugiados). “Se han elegido desde la propia mesa del Parlamento y son temas sobre los que está legislando o sobre los que se planea hacerlo próximamente”, explica Climent. “Ante todo queremos que estén interesados”. Además, se han seleccionado 25 técnicos de asesoramiento científico que se formarán durante los meses de julio y octubre para preparar los debates y reuniones.
 

Representantes de Ciencia en el Parlamento reunidos con la presidenta del Congreso, Ana Pastor / Fuente: cienciaenelparlamento.org

Una de las recomendaciones de los organizadores a quienes lanzaban las propuestas era esta: “Sé humilde, la evidencia científica no lo es todo”. “Creo que los científicos pecamos a veces de arrogancia, lo cual no es nada útil para lo que queremos comunicar”, reconoce Climent. Pero, además, “los políticos no dejan de ser los responsables de las decisiones, tienen otras fuentes de información y deben atender a una multiplicidad de actores. Y muchas veces la evidencia científica no es contundente. Lo que queremos, principalmente, es que tanto los políticos como la sociedad entiendan que la ciencia es probablemente la mejor herramienta que tenemos para que haya más prosperidad”.

El camino de la ciencia para la política tiene dos vertientes diferentes. Por un lado está la asesoría científica, hacia donde se dirige principalmente la iniciativa. Por otro se encuentra la evaluación de las políticas desde un método más próximo al científico. “En España no hay agencias de evaluación de políticas públicas”, reconoce Climent. “Hubo en su momento, pero nunca fueron independientes del gobierno —como sí lo son en otros países—, y ahora se encuentran en un limbo sin utilidad”.

Este tipo de evaluaciones son necesarias para valorar la eficacia de las medidas. Para prorrogarlas si son útiles —la evidencia puede hacer que se mantengan aunque cambie el color político, como sucedió con el programa PROGRESA de educación y sanidad en México— o para cambiarlas si no lo son. Para ello es preciso analizarlas de forma adecuada. Por ejemplo, a través de estudios semejantes a ensayos clínicos pero aplicados a lo social, ensayos que utilicen distintos grupos para analizar la utilidad derivada de las decisiones, aislándolas de otros factores que podrían confundir la evaluación. Hay numerosos casos contraintuitivos, de medidas que parecían funcionar pero que solo estaban suponiendo un gasto superfluo. Por ejemplo, como comenta en un artículo en el diario El Español el periodista y miembro de Politikon Kiko Llaneras, "un programa de vuelta al empleo en el contexto de una crisis puede parecer que funciona, pero en realidad quizás lo esté haciendo porque el contexto ha cambiado y se ha iniciado una recuperación".

 

Esquema de una política basada en la evidencia / Fuente: cienciaenelparlamento.org

Todo esto no significa que la ciencia sea la solución completa ni que conlleve la negación de las ideologías. Para Llaneras, “existe a veces cierta pulsión tecnocrática, pensando que esto va a resolver la política, pero no es así, porque siempre habrá dilemas que sopesar y que no tienen una respuesta técnica”. Lo cual no quita que la ciencia reclame su lugar. En La urna rota, Llaneras también escribe: "Jamás los vemos (a los políticos) asumir algo evidente: que hay asuntos complicados sobre los que no es posible tener una posición rotunda. Excepto, claro está, si esa rotundidad es infundada".
 

Sobre la primera vertiente, la de la asesoría científica, en Europa existen 17 oficinas agrupadas bajo la red EPTA (que incluye también cinco no europeas asociadas). No figuran España o Italia, pero sí Cataluña.

El CAPCIT, la asesoría científica en Cataluña


El CAPCIT, creado en 2008, es el “Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia”. Aunque está pendiente de constituirse en esta nueva legislatura, suele estar formado por 21 personas y lo preside el President o Presidenta del Parlament: nueve son diputados o diputadas (seis provienen de cada uno de los grupos mayoritarios, a los que se añaden dos representantes de la Mesa del Parlament y el propio President o Presidenta) y doce provienen de diferentes entidades científicas o técnicas de Cataluña, como l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) o l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER), entre otras. “Nos reunimos cada tres meses, aproximadamente”, comenta Josep Samitier, director del L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) y miembro del CAPCIT como director de ACER. “Se suelen plantear cuestiones de fondo, como temas de difusión de la ciencia y de la formación científica de los jóvenes, pero los que tienen que ver más con ciencia orientada a la política surgen a iniciativa de los políticos”.
 

“Generalmente, los temas que se proponen se refieren a alguna ley que se está preparando. Sobre todo si esta es sobre un tema conflictivo o donde pueda existir algún tipo de riesgo, y para la cual requieren un agente externo independiente que lo avale”. A partir de esa consulta, los representantes científicos del CAPCIT elaboran ellos mismos o encargan a otros expertos la redacción de un informe no vinculante. “Cada año se elaboran uno o dos”, precisa Samitier. “Algunos han sido sobre las antenas de telefonía móvil, sobre transgénicos o sobre movilidad”.
 

Miembros del CAPCIT en las escaleras del Parlament, 2016

Sin embargo, se lamenta porque “podría aprovecharse mucho más y hacer que funcionase de forma proactiva: hay multitud de temas sobre los cuales la comunidad científica podría ser de utilidad”. Samitier participó en abril en un encuentro sobre asesoramiento científico organizado por la iniciativa Scientists Dating Forum. En él intervino también Alicia Romero, diputada en el Parlament de Catalunya por el PSC y que ha sido miembro asimismo del CAPCIT. Para Romero, este “es un órgano que hay que creérselo, no basta solo con escuchar. Si no le damos la importancia para la que ha creado no sirve de nada”. Y lamenta que no se utilice más y de forma más sistemática a la hora de legislar, “no solo porque te puedes equivocar, sino por la facilidad con que se puedan colar intereses ocultos. Intereses que se aprovechan de la falta de conocimiento del legislador”.
 

Pero la ciencia no siempre muestra evidencias rotundas, y la ideología de los científicos puede pesar. ¿Cómo resolvería un consejo asesor este problema? “El riesgo es cierto, pero nosotros no trabajamos para el gobierno ni para ningún partido. Presentamos informes que están a disposición de todos ellos y que pueden confrontar con sus propias fuentes de información. Eso hace que las decisiones puedan ser más transversales y transparentes”, defiende Samitier. Así piensa también Climent: “para determinadas situaciones, los partidos en España buscan para informarse de forma particular a los científicos que ellos consideran apropiados. Si una oficina de asesoría científica ofrece datos que están disponibles para todos y que coinciden con los suyos, la toma de decisiones sería más objetiva”.
 

Samitier echa de menos que la política no tenga a la ciencia más presente, porque “cuanta más información científica reciban, también sus decisiones estarán más acordes con el conocimiento disponible”. Pero también porque, “ellos mismos son grandes formadores de opinión”. ¿Por qué entonces no hay una mayor relación? “Creo que es en parte por falta de tiempo, pero sobre todo de costumbre”. Y no parece tener que ver con el color político. “En general, no hay unos partidos más receptivos o reacios que otros”. Algo que corrobora Climent a nivel estatal: “Realmente la acogida a la iniciativa ha sido muy cálida por parte de todos los grupos”.
 

Además de la falta de costumbre, ¿cuáles son entonces los obstáculos?

Limitaciones y esperanzas

Según datos aportados por Montserrat Dabán, asesora de la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, “de los 135 diputados del Parlament de Catalunya, 25 son licenciados en Derecho y 13 en Geografía e Historia. Apenas hay 2 médicos y 2 científicos (que nunca se dedicaron a la investigación)”. La composición del Parlamento Español no es muy diferente. Para Samitier, “se echa en falta un mayor número de científicos dedicados a la política”. “Probablemente”, reconoce Climent, “el hecho de que la presidenta del Congreso sea médico influyó positivamente, porque ya estaba familiarizada con el concepto de medicina (y de política) basada en la evidencia. Obviamente no se trata de cambiar por completo la formación de los políticos, pero los perfiles si deberían ser más complementarios”.

Si el color de los partidos no parece ser un factor diferencial, sí puede serlo el cortoplacismo casi inherente a las decisiones políticas. Sobre todo cuando muchas decisiones con base científica operan a largo plazo y pueden ser en ocasiones impopulares en un principio (como las medidas contra la contaminación o el cambio climático). Para Xavier Querol, investigador en el Instituto de Diagnóstico Ambiental del CSIC, lo que más influye a la hora de tener en cuenta a la ciencia “es el futuro político cercano de quien toma las decisiones. Si está cerca del final del mandato, olvídate”. Climent reconoce que, “por definición, los políticos han de mirar a las elecciones, pero deberían tener gente cerca que mire un poco más allá. Los científicos, aunque debemos ser humildes, estamos entrenados para mirar más allá”.

Otro problema es el del autoexamen. Para Kiko Llaneras, “las políticas públicas han de poder evaluarse, aunque eso suponga un problema para los políticos, que suelen plantear sus programas como buenos en sí mismos y para todo el mundo". Climent, sin embargo, no pierde el optimismo, porque “muchos de ellos saben que la credibilidad y la transparencia son importantes, que la autocrítica se valora”.

Sabe que se le puede acusar de ingenuidad, pero huye de ella: “Al fin y al cabo no estamos proponiendo nada nuevo. Solo algo que ya existe en otros países”.

Jesús Méndez (@jesusmendezzz) es médico y doctor en bioquímica. Desde hace unos años se dedica en exclusiva al periodismo científico. Cofundador de la asociación Dixit Ciencia, colabora con numerosos medios impresos y digitales. Ha recibido varios de los premios más prestigiosos de periodismo científico concedidos en España, como el Premio Prismas Casa de las Ciencias, el Premio Concha García Campoy o el premio Boehringer de Periodismo en Salud, entre otros.